Periodismo de autogestión preventiva y residentes de guerra en zonas de conflicto: rupturas, fenómenos y categorías emergentes de la práctica periodística regional en México

Residentes de guerra | Documento 

Resumen

La ponencia refiere a La tropa del silencio. Memorias periodísticas desde un campo de batalla (Nava, 2019). Basado en un estudio cualitativo de caso (Nava, 2014), este libro compila 18 relatos de periodistas acerca de su trabajo en campo entre 2007 y 2013, periodo en que La Laguna , ubicada en el centro-norte del país, se convirtió en una de las zonas más violentas  de México y el mundo (SJP, 2013). 

El reporte original (Nava, 2014) fue elaborado y presentado para concluir estudios de posgrado en Periodismo y Asuntos Públicos, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En tal sentido, prevalecen cinco tendencias ideas esenciales:

1.Atentando corporativo-organizacional. Los modos de presion e intimidación instrumentados por estructuras del crimen organizado se generalizaron a periodistas, trabajadores de medios y sedes corporativas. Ello implicó situar como objetivos indiscriminados a todos los factores del proceso de información periodística: periodistas, trabajadores e instalaciones.  

2.Periodismo de autogestión preventiva. Emerge la práctica periodística centrada en la evaluación previa del peligro y la autoprotección personal ante la falta de protocolos y mecanismos institucionales de seguridad. 

3.Residentes de guerra. Surge una categoría opuesta a la del corresponsal de guerra. Es decir, todo periodista que vive y trabaja en medio de una zonde conflicto, entendida ésta desde el punto de vista de las guerras híbridas: enfrentamientos armados no convencionales protagonizados por milicias privadas, procedentes del crimen organizado. 

4.Víctimas no visibilizadas. En este sentido, la experiencia derivada de la investigación de campo dio como resultado detectar la prevalencia de afectaciones indirectas a familiares y personas cercanas a periodistas agredidos. 

5. Formas simultáneas de agresión. La modalidad cuantitativa de medición en las distintas bases estadísticas sitúa la tipología del atentado como eje de registro. Sin embargo, la aproximación cualitativa del estudio permitió descubrir que en un solo atentaddo pueden concurrir múltiples formas de agresión, propias de una cifra negra o subregristro.

Introducción 

El antecedente más lejano de periodismo de alto riesgo en La Laguna se remonta al estallido civil ocurrido en la región y derivado de la Revolución Mexicana. En ese pasaje histórico sobresalen las figuras del empresario y fotógrafo norteamericano Harold Miller (Herbert, 2015, pág. 162); y del profesor Delfino Ríos, editor de periódicos locales. Ambos son referencias documentales y periodísticas  de la primera toma de Torreón y la masacre de 303 ciudadanos chinos durante la incursión de fuerzas maderistas entre los días 13 y 15 de mayo de 1911 (Nájar, 2015).

"Las calles de Torreón a las tres de la tarde estaban cubiertas de cadáveres… La consternación en que quedó la ciudad es indescriptible, no hay palabras con que expresarla" (Ibid.: párr. 1). Los registros oficiales revelan que en dicho incidente fue asesinada la mitad de la población china asentada en la ciudad. Y visto así, se trata del genocidio más numeroso perpretado hasta ahora contra personas procedentes de ese país asiático en el continente americano. 

John Reed (1887-1920) se desempeñaba como corresponsal de guerra para la Metropolitan Magazine de Nueva York desde 1911. Su trabajo periodístico se convirtió en referencia mundial por haber cubierto las dos primeras revoluciones del siglo XX, en México y Rusia. A partir de estas experiencias publicó México insurgente (1914) y Diez días que estremecieron al mundo (1919), dos piezas narrativas de invaluable trascendencia histórica (Sánchez de Armas, 2008).

En México insurgente, Reed elaboró un riguroso, amplio y detallado relato sobre el avance del general Francisco Villa, al mando de la División del Norte, desde el estado de Chihuahua hasta la Comarca Lagunera, en el primer trimestre de 1914. Después de cruzar el norte de Durango y antes de copar La Laguna, Villa fijó posiciones en estación Yermo (Mapimí), Tlahualilo y Bermejillo, puntos fundamentales para una ofensiva en dos pasos: primero, arrebatarle el control de Lerdo y Gómez Palacio a los federales; y en segunda instancia, preparar un ataque por varios flancos y consumar la tercera toma de Torreón (Reed, 1914).

Al transcurrir los últimos días de marzo y detrás de las líneas villistas de combate, el legendario reportero norteamericano registró incidentes relacionados con las batallas del cerro de la Pila en Gómez Palacio y la toma de Ciudad Lerdo. El último reporte que redactó sobre el conflicto revolucionario en la Comarca se encuentra en el episodio XIV del libro y lleva por título “La caída de Gómez Palacio”.

“El ejército constitucionalista estaba abatido. En los cuatro días de lucha se habían perdido unos mil hombres y casi dos mil estaban heridos. Hasta el excelente tren hospital era insuficiente para hacerse cargo de los heridos (…) El jueves el humo de veinte piras funerarias manchaba el cielo. Pero Villa estaba más determinado que nunca. Gómez debía caer, y rápido. Ya no tenía municiones ni abastecimientos suficientes para sostener un sitio (…) Así que planeó otro ataque nocturno” (ibíd.:112).

Así pues, el trabajo desarrollado por Harold Miller, Delfino Ríos y John Reed durante la etapa de la Revolución representa hasta ahora referencias históricas fundamentales y preponderantes de prácticas periodísticas de alto riesgo en La Laguna, situándonos en un periodo previo al surgimiento de una prensa regional formalmente establecida: La Opinión (1917) y El Siglo de Torreón (1922) [Carabaza & Ewald, 1992].

A 96 años del surgimiento de aquellos partes de guerra enviados a Estados Unidos y al mundo sobre la Revolución Mexicana desde la Comarca Lagunera, el surgimiento de una disputa entre poderosas estructuras del crimen organizado por el control territorial de la zona impactaría de manera determinante los procesos contemporáneos de información masiva local. En el conflicto de los seis años, un nuevo ciclo de violencia situaría al periodismo de nuestra región en medio de una turbulencia social y marcaría —hasta ahora— el inicio de la etapa más intensa y prolongada de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios locales de comunicación (Nava, 2014).

Los atentados contra la prensa y el aumento de la violencia criminal en La Laguna establecieron una correlación directa entre sí, haciendo emerger un modelo expansivo de intimidación sobre los trabajadores de los medios locales de comunicación. Entre 2009 y 2011 oficialmente se registraron cuatro agresiones contra periodistas (un homicidio y tres secuestros simultáneos) y una más que implicó la muerte de un ingeniero de operaciones (Nava, op. cit.). A esta secuencia de ataques personales se añadieron seis atentados contra instalaciones de medios; 60% de los ocurridos en el estado de Coahuila (Artículo 19, 2012).

En 2013, si bien empezó a declinar notoriamente la tasa de homicidios (cerró en 46.9 contra 88.9 del año anterior) prevaleció un entorno sumamente inestable en el ámbito de la seguridad pública y prosiguió la inercia del pico de violencia criminal de 2012. Se trata del año en que ocurrió el mayor número de ataques (nueve en total). Fueron secuestrados cinco trabajadores de El Siglo de Torreón, cuyas labores se encontraban al margen de toda función periodística. Las instalaciones de ese mismo medio, se convirtieron el blanco de tres ataques armados consecutivos. Un atentado similar ocurrió en la entrada principal de Grupo Multimedios-Milenio (Nava, op. cit.).

La tendencia posterior a 2013 nos muestra que en la medida en que disminuyó la incidencia delictiva de alto impacto también se redujeron las acciones de presión sobre los informadores, trabajadores de medios y sedes corporativas. Salvo la agresión física de policías municipales contra un reportero de Milenio dos años después (Milenio Laguna, 2015), en 2014, 2016 y 2017 no aparecen registros oficiales de actos de hostilidad.

Con respecto al plano nacional, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) fue posible documentar un registro público de mil 092 agresiones contra la prensa; fueron asesinados 48 periodistas y desparecieron 15.  La tendencia se agudizó en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018): 2 mil 502 agresiones, 47 asesinatos y 4 desapariciones. (Artículo 19, 2019)

Mediante información actualizada a septiembre de 2019, se indica lo siguiente: “De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres 

y 10 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 11 en el actual de Andrés Manuel López Obrador” (2018, párr.1 y 2). 

En forma sistemática, desde 2006 el nuestro ha sido el país más peligroso para los medios en América Latina; y el más peligroso del mundo por los homicidios contra integrantes del gremio en 2011 (10), 2017 (13). [IPI, 2017]  

Desde esa misma perspectiva, con el registro de 13 asesinatos en cada caso, el propio Instituto Internacional de Prensa ha vuelto a catalogar a México y Afganistán como los dos países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo en 2018.  (IPI, 2019, pág. 20)

Contexto del estudio

El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión como presidente de la República. Ese día, al emitir su primer mensaje a la nación como titular del Poder Ejecutivo, colocó a la inseguridad como el principal problema público que aquejaba al país y, por lo tanto, una prioridad por atender en la agenda de acciones sustanciales del nuevo gobierno. “Hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al Gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y regiones enteras” (El Universal, 2006). 

Luego de 10 días —el lunes 11— los integrantes del Gabinete de Seguridad presentaron a nivel nacional el Operativo Conjunto Michoacán, punta de lanza en la política sexenal de combate al crimen organizado, cuya coordinación involucraba a las Secretarías de Gobernación (Segob), Defensa, Marina, Seguridad Pública y Procuraduría General de la República. “(…) Hemos privilegiado la planeación y ejecución conjunta del Gabinete de Seguridad en el establecimiento de las acciones estratégicas para enfrentar con efectividad el narcotráfico y la delincuencia organizada” (Presidencia de la República, 2006). 

Tan solo el despliegue del ejército sumó cuatro mil 260 soldados, 17 aeronaves de ala fija, 29 helicópteros, 19 binomios canófilos y 246 vehículos terrestres para cubrir las 16 regiones de mayor incidencia delictiva en Michoacán. 

En su primer corte informativo, la Secretaría de la Defensa reportó “han sido asegurados en distintas operaciones: 13 presuntos narcotraficantes, tres fusiles AK-47, mil 100 cartuchos de diferentes calibres y 10 cargadores para fusil AR-15” (ibíd.); el escenario descrito marcó el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio 2006-2012.

Tomando como referencia información del Inegi (2017) y Conapo (2017), entre 2007 y 2012 la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo registró un incremento inédito de 5.7 a 88.9 en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Al terminar el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón, esta cifra sobrepasaba 385.7% la media nacional. 

Tal como puede observarse a continuación (figura 2), la ZML se convirtió en una de las regiones más violentas del mundo; sus indicadores fueron semejantes a los de Honduras, país que proyectó la tasa de homicidios más alta en América Latina. De acuerdo con un estudio internacional de coyuntura sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, el municipio de Torreón (ZML) se ubicó en la posición número cinco. La tasa de homicidios reportada en ese periodo alcanzó 94.72, cifra superior a los registros de Cali, Colombia y  Nuevo Laredo en la frontera México-Estados Unidos. La región únicamente quedó atrás de San Pedro Sula (1); Acapulco (2); Caracas (3); y Distrito Central (4). (SJP, 2013) 

A partir de lo anterior, es posible concluir que los atentados contra la prensa y el aumento de la violencia criminal en La Laguna establecieron una correlación directa entre sí entre los años 2007 y 2013. El fenómeno derivó en un modelo expansivo de intimidación sobre periodistas, trabajadores de los medios locales de comunicación e instalaciones: desde la agresión focalizada en periodistas al atentado corporativo-organizacional.

Perspectiva teórica: Red informativa y Sociología de producción de mensajes

De acuerdo con Tuchman (1983), la noticia es el símil de una ventana que permite visualizar el mundo. Por medio de ese marco, la gente tiene posibilidades de aprender sobre sí misma y su entorno social, estilos de vida e instituciones. “Pero como todo marco que delinea un mundo, el marco de la noticia puede considerarse problemático. La visión a través de una ventana depende de si la ventana es grande o pequeña, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio es opaco o claro, si la ventana da cara a una calle o a un patio” (p.13).

Tuchman define a la noticia como una realidad construida, cuyo origen es un proceso de interrelación subjetiva experimentado por seres humanos. Los actores que producen noticias dan forma al mundo social y sus instituciones como fenómenos compartidos y construidos.

Por lo tanto, el trabajo periodístico transforma los sucesos de la vida cotidiana en acontecimientos informativos. “La noticia define y da forma a un suceso; así los relatos periodísticos explican y construyen un acontecimiento. Al imponer significados, la noticia está definiendo y redefiniendo; construyendo y reconstituyendo permanentemente fenómenos sociales” (op. cit., p.198).

El modelo industrial de producción de noticias obligó a los medios de prensa del siglo XIX disponer de fuentes fijas e institucionales de información. La centralización del acopio de noticias permitió la dispersión sistemática de los reporteros: emergió el esquema de la red informativa: “El incremento de la competencia por los ingresos por publicidad, alcanzadas por la circulación, condujo a los medios de información a desarrollar fuentes de información centralizadas, al modo de cordones umbilicales que conectan a la redacción con sus fuentes de subsistencia” (op. cit., p.32). 

A partir de ese modelo, la interacción medios-red informativa configura una compleja de relación-tensión entre dos estructuras burocráticas. Así, los medios dispersan a los reporteros de manera sistemática bajo tres criterios específicos: territorialidad geográfica, especialización organizacional y especialización temática. (Tuchman, op. cit.)

Para McQuail (2000) La información periodística es un proceso social de trabajo construido dentro de la estructura organizacional de un medio de comunicación. La prensa, como tal, ejerce un rol de intermediario entre los sucesos de la realidad y la audiencia. El fenómeno de mediación se refiere a la propagación de versiones ajenas sobre acontecimientos que el conjunto de integrantes de la sociedad no puede observar de manera directa. 

De esta manera, “la información, imágenes e ideas suministradas por los medios pueden ser, para mucha gente, la fuente principal de conciencia de un tiempo pasado común y de su posición actual” (op. cit., p. 116). Sin embargo, los atributos de finalidad, interactividad y eficacia en la emisión del mensaje, transcurren en medio de relaciones de asimetría; en un contexto social donde prevalece una distribución desigual del poder.

En el esquema de mediación propuesto por McQuail, los procesos inherentes a: poder público, base económica, normas jurídicas, educación, familia y cultura son captados y reinterpretados por los medios de prensa. El mensaje noticioso proviene de un punto de vista sobre la realidad, y no de asimilaciones objetivas. 

Según (Lozano, 2007), la sociología de producción de mensajes es una corriente de análisis enfocada en el emisor. Hay un principio de selección previa o de Guardabarreras (gatekeeper). Quien emite el contenido discrimina de antemano los sucesos noticiables, los rechaza o acepta de acuerdo a criterios unilaterales y predeterminados (pp.34-36).

Desde este punto de vista, la teoría desarrollada por Shoemaker y Reese parte de una pregunta esencial: ¿Qué factores, desde adentro y desde fuera de las organizaciones de medios, afectan el contenido de los mensajes? Los autores plantean cinco factores de influencia en el proceso de información (Ibid.:37).

Éstos son: individuales, rutinas de trabajo, los relativos a la organización, factores externos e ideológicos. Tal como puede observarse de manera desglosada en la figura 3 presentada a continuación, queda claro que las circunstancias del entorno y la dinámica humana propia, a nivel de individuos y de las políticas de las empresas periodísticas, se van a reflejar invariablemente en el proceso de información. Por lo tanto, las funciones de intermediación mediática y el ejercicio periodístico transcurren sobre un campo de fuerza y tensión altamente permeable.

En esta marco de interpretación teórica, las rutinas, los procesos y la propia práctica periodística regional de La Laguna tuvieron que adaptarse a la influencia de un factor externo, el del más alto riesgo inducido mediante la presión del el crimen organizado. El fenómeno en México y sus regiones se ha categorizado como zonas de silencio: es decir, acallar periodistas, dejar de informar al tener que enfrentarse a procesos de censura y autoncensura alimentados por la violencia y el miedo (De la Luz, 2018).

Enfoque metodológico

Propio de los estudios cualitativos, la orientación del trabajo de campo estuvo determinada por la vertiente sociológica de la fenomenología. Conceptualizado por Alfred Schütz (Rizo, 2007), este enfoque sostiene que biografía y experiencia inmediata determinan al sujeto que vive en el mundo social. Éste se ubica de una forma específica en el mundo, y desde esa experiencia personal, capta y aprehende la realidad, cargándola de significado. El proceso genera conocimiento, activado por las personas en un espacio y tiempo determinados. En torno a esta referencia y a la Sociología de Producción de Mensajes, convergen tres planteamientos sobre los agentes sociales, factores y mediaciones que influyen los contenidos inherentes a la producción de información periodística.

Los métodos de investigación cualitativa permiten aproximarse a las personas para captar la manera en que construyen y exteriorizan el entorno en que transcurren sus vidas. De acuerdo con Ruiz (1999:277), la entrevista, o la serie de entrevistas, que origina una historia de vida, “tiene por objeto los modos y las maneras con los que un individuo particular construye y da sentido a su vida en un momento dado”.

En ese mismo sentido, la historia oral permite recopilar testimonios comunes a una experiencia humana, proyectar una situación social y sistematizarla utilizando el lenguaje escrito. Así, la historia de vida permite describir y analizar ideas, creencias, conocimientos y prácticas sociales, culturas y comunidades. Propicia la comprensión de los significados que los seres humanos construyen a partir de un contexto o ambiente determinado (Hernández, Baptista, & Fernández, 2010). 

Al enfocarse en el tema de los atentados contra el ejercicio periodístico, el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en el norte de México, el núcleo del estudio se integra por un conjunto de historias de vida en que 18 periodistas de La Laguna hablan en primera persona sobre sus experiencias en campo, surgidas a raíz de coberturas informativas que transcurrieron entre los años 2007 y 2013, periodo caracterizado por una escalada inédita de inseguridad y violencia criminal (Inegi, 2017). 

En ese contexto, a través de recursos etnográficos basados en reconstrucción de relatos y aplicando técnicas de investigación documental, el reporte describe la secuencia evolutiva de un sistema de presión sobre la prensa, cuyo origen es la agresión focalizada en el reportero y transita al atentado corporativo-organizacional. Los mecanismos de intimidación física y psicológica se transfieren, irradian o amplían del periodista hacia cualquier agente social o factor de producción inmersos en un proceso de información periodística. (Nava, 2014) 

La estructuración de los relatos se definió bajo el concepto de la secuencia narrativa (Hernández, Baptista, & Fernández, 2008:508), un conjunto de fases que integra contexto, el perfil profesional de los entrevistados, sus acciones y pensamientos, la problemática de estudio y sus posibles explicaciones.

De acuerdo a circunstancias específicas de la experiencia, la reconstrucción del relato sigue una línea narrativa en cinco fases: presentación de la persona, nudo de la historia, conflicto, resolución y desenlace. El contenido autobiográfico de las historias alterna los efectos de experiencias propias relacionadas con: a) un hecho de inseguridad vivido en forma directa o indirecta, b) agresión física, c) agresión verbal, y d) presión o agresión psicológica. 

Otra de las vertientes se orienta al registro de opiniones   sobre temas como   la libertad de expresión, causas de la violencia social prevalente, dinámicas internas de los medios y la serie de cambios que tuvieron que aplicarse a los métodos de reporteo.

Procedimiento

El grupo que decidió formar parte del estudio se integró por 18 reporteros, 10 mujeres y 8 hombres. Sus edades fluctúan entre los 28 y 54 años. La cobertura informativa que realizaron durante el periodo de estudio correspondió a la disposición de fuentes diversas que abarcan desde ayuntamientos, seguridad pública, política hasta salud, educación y deportes. Se utilizaron cuatro modalidades de pregunta: a) de opinión, b) de expresión de sentimientos, c) de conocimientos y d) de antecedentes. 

El periodo de realización de entrevistas e inmersión de campo se gestó entre la primera semana de mayo y la tercera semana de noviembre del año 2013 en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Las conversaciones se guiaron bajo el esquema de la entrevista semiestructurada, teniendo como base un cuestionario de 36 preguntas, dividido en cuatro secciones temáticas:  entorno social, agresiones a la prensa, cambios en la práctica periodística y perspectivas personales. La forma de acceso a las personas entrevistadas se gestó a partir de círculos de confianza muy específicos y de conocimiento interpersonal previo. El acuerdo explícito consistió en reservar la identidad y omitir ciertos datos de modo, tiempo y lugar con relación a la información proporcionada. 

El registro total de las entrevistas realizadas cara a cara (16) tuvo una duración de alrededor de 50 horas de audio. Las transcripciones acumularon un volumen cercano a las 450 cuartillas. Por cuestión de tiempo y distancia, dos de los reporteros contestaron vía electrónica (Facebook y correo electrónico). Una reportera respondió primero el cuestionario, y luego realizó la conversación presencial. 

Los traslados intermunicipales requirieron de la aplicación de protocolos básicos de seguridad: elegir sólo horarios matutinos y vespertinos, usar transporte público evitando repetir trayectos, y en los abordajes, se utilizaron hasta tres líneas diferentes de autobús. Al mismo tiempo, se detectaron áreas de riesgo y, en algunos casos, se prescindió de la portación de teléfono celular y del equipo de cómputo.

Resultados 

 La información obtenida por medio de la investigación documental fortaleció la organización de los datos relativos a las agresiones documentadas y públicamente conocidas en la región lagunera, siguiendo una secuencia por línea de tiempo. Por otra parte, los testimonios se estructuraron con el formato de textos de campo a dos columnas, y considerando nueve ejes temáticos: 

•    Impacto del entorno de inseguridad en los ámbitos personal y profesional

•    Cambios en la práctica periodística

•    Libertad de expresión

•    Acceso a la información 

•    Condiciones de alto riesgo

•    Redes sociodigitales 

•    Contenidos de información

•    Ataques a la prensa regional

•    Gremio periodístico

Así, las cinco tendencias principales de ruptura en la práctica periodística regional, fenómenos y categorías emergentes que pudieron registrarse en el estudio se exponen de la siguiente manera: 

1. Atentado corporativo organizacional. Inicia con la agresión centrada en periodistas y se traslada a trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación. Al mismo tiempo, el riesgo se traslada a cualquier informador, independientemente de su área especializada de cobertura: nota roja, deportes, cultura, política, economía, sociedad, finanzas y/o espectáculos. Estos mecanismos de presión tuvieron como referencia, al menos, los acontecimientos expuestos a continuación: 

1. El secuestro y homicidio de Eliseo Barrón Hernández, reportero de la fuente policiaca del periódico Milenio, el 25 de mayo de 2009 en el municipio de Gómez Palacio (Ramos & Maldonado, 2009).
2. Meses después, el martes 18 de agosto, un atentado con explosivos a la puerta de acceso de personal de El Siglo de Torreón (Ramos, Atacan el Siglo de Torreón, 2009). 
3. El asesinato de Rodolfo Ochoa Moreno, ingeniero de operaciones del grupo Multimedios el 8 de febrero de 2011 (OEA-CIDH, 2011).
4. Con relación al punto anterior, el sábado 20 de agosto tuvo lugar un enfrentamiento armado en las afueras del estadio Corona, durante el partido de fútbol entre el Club Santos Laguna y Atlético Morelia. Transmitido en directo por televisión a nivel nacional e internacional, al juego asistieron ese día alrededor de 18 mil aficionados (Excélsior, 2011).
5. Una serie de tres ataques consecutivos contra las instalaciones de El Siglo de Torreón y el secuestro de cinco de sus trabajadores (al margen de funciones periodísticas) entre los días 25 y 28 de febrero de 2013 (AN, 2013).

2. Periodismo de autogestión preventiva. Emerge la práctica periodística centrada en la evaluación previa del peligro y la autoprotección personal ante la falta de garantías constitucionales para ejercer las libertades de expresión y de prensa, así como por la ausencia de protocolos y mecanismos institucionales-corporativos de seguridad. La caracterización de esta modalidad emergente de reporteo para disminuir riesgos en campo conjunta esta serie de procesos. Todo ello, partiendo de la secreción del miedo y el instinto de supervivencia: 

• Cancelación de coberturas presenciales. Debido a experiencias previas de homicidios y secuestros en contra de periodistas y trabajadores de medios, en principio de manera unilateral, luego con acuerdos entre directivos de las empresas y personal, se decidió evitar riesgos latentes y explícitos en campo. La situación se radicalizó entre los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013, lapso en que los municipios de Gómez Palacio y Lerdo enfrentaron la clausura de la prisión regional y los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal tuvieron que ser sustituidos por militares.
• Coberturas a distancia. El reporteo in situ se realiza lejos del punto de acción y se compensa por otros medios: enlaces vía telefónica con las fuentes, recolección de notas por mensajería instantánea o correo electrónico, estancias momentáneas en el lugar y registro (fotografías o video) sólo de aspectos generales.
• Restricción de coberturas sobre temas policiacos y políticos. Se nulificaron posibilidades de investigación, prevaleciendo el uso y la reproducción íntegra del boletín de prensa como única fuente de información.
• Anonimato y reporteo de bajo perfil. Dejaron de usarse chalecos y gafetes de prensa. Se decidió suprimir los rótulos de identificación de los medios de comunicación en vehículos utilitarios.
• Evaluación previa del nivel de peligro en el entorno. Con base en la incidencia delictiva en ciertos lugares de la mancha urbana, se empezaron a establecer mapas de riesgo.
• Coberturas en grupo.
• Redacción. En este aspecto, hubo la necesidad de suprimir detalles específicos de modo, lugar y tiempo; contexto y antecedentes. Asimismo, bajo amenaza, se impusieron ejes narrativos desde las estructuras del crimen organizado, por lo cual fue imprescindible atenderlos. Por ejemplo, la palabra “sicarios” se sustituyó por “civiles armados”. Dejó de mencionarse la figura “huyeron del lugar”, para solo referir “se retiraron”. En ese mismo orden de ideas, quedó fuera de toda posibilidad hablar de “víctimas inocentes o colaterales” luego de un enfrentamiento armado. 
• Establecimiento de códigos propios de autoprotección. A fin de detectar riesgos, los periodistas convinieron utilizar ciertas expresiones de comunicación no verbal. Con este recurso se daba un intercambio de mensajes para medir el rango de inseguridad, desde llegar, permanecer o retirarse de un lugar determinado.
• Entrevistas pactadas en zonas “seguras”. Debido a la situación mencionada en el punto número uno, periodistas y funcionarios de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo acordaron durante dicho periodo que estos últimos se trasladaran a algún sitio en Torreón, del lado de Coahuila. Éste podría ser un espacio convenido previamente o, incluso, la propia sede del medio de comunicación. De esta manera, se invierte y rompe la dirección natural modelo de red informativa: el funcionario, o fuente, tuvo que salir de su dependencia de origen y acudir a la zona donde se encontraban los informadores para recibir cobertura. 
• Entrevistas pactadas en zonas de alto riesgo. Si este era el caso, periodista y fuente acordaban el ingreso gradual al territorio de cobertura mediante trasbordos en distintos vehículos en diferentes sitios. Por regla, la fuente tenía que acompañar a las o los periodistas durante todo el trayecto. 
•  Coberturas en grupo. Esta modalidad de autoprotección solidaria surgió sobre todo en periodistas que cubrían la fuente policiaca en aquel tiempo. Desde su punto de vista, realizar el trabajo de recolección de información en forma colectiva les significaba una sensación de mayor seguridad. Como 
• protocolo complementario, se implementó una práctica de comunicación vía celular para “monitorearse” unos a otros, a fin de prevenir o reaccionar ante una situación de riesgo.
• Eliminación de notas exclusivas. Derivado de las coberturas en grupo, desde este punto de vista, era preferible contar con información oficial y de manera uniforme para todo el grupo. Buscar ángulos alternos sobre algún acontecimiento “sensible y luego investigarlo en forma individual podría significar un riesgo letal.
• Habilitar protección de cuerpos de seguridad en coberturas bajo presión y utilizar el monitoreo GPS para ubicación durante el trayecto. Esta acción preventiva se originó a raíz del secuestro de una trabajadora de medios, cuyas funciones se encontraban al margen de labores periodísticas. A cambio de liberarla, el cártel implicado exigió al corporativo una cobertura de información específica. Fue así que directivos y personal de la empresa enviaron a una reportera con agentes municipales de policía que fungieron como custodios armados. Al mismo tiempo, se utilizó un sistema de navegación GPS para conocer la ubicación de la periodista antes, durante y después del trabajo en campo. Para tal efecto, se compartió la ubicación entre la empresa, los directivos, el grupo de policías a cargo de la vigilancia y una organización internacional especializada en la defensa de las libertades de prensa y expresión. (Anexo)
• Realizar trayectos de manera estratégica. La acción preventiva consiste en evitar ciclos predecibles de rutina, tanto en los trayectos de ida y vuelta a la sede del medio como en las coberturas. Por lo tanto, es recomendable cambiar de rutas, hacer viajes alternando autobús y automóvil; procurar la habilitación a una casa o residencia distinta a la propia y modificar hábitos personales en general que pudieran facilitar una agresión.
• Aplicar dosis de silencio. Se llegó a este extremo cuando desaparecía cualquier garantía de seguridad. Es el ámbito de la autocensura impuesta.  Simplemente se optaba por omitir de manera total cualquier contenido que representara una condición letal de riesgo.

3. Periodistas residentes de guerra. Esta categoría es completamente opuesta a la del corresponsal de guerra. Éste es un enviado especial, cuya casa, familia y trabajo se encuentran en otro estado de la misma república o en otro país. En cambio, el residente de guerra, en situación de máximo riesgo, realiza sus labores de información desde “adentro”: vive y trabaja en medio de un conflicto.

Bajo esta condición este tipo de periodista resulta ser más vulnerable y corre mayores riesgos, sobre todo si tomamos en cuenta que, en una circunstancia así, su familia y su círculos de proximidad social se convierten de forma automática en objetivos de agresión. Finalmente, cabe mencionar que el entorno en que surge esta figura emergente de la función periodistica está determinado por un conflicto territorial asociado a la dinámica de una “guerra hìbrida”. Es decir, una guerra no convencional inducida por milicias privadas al servicio de poderosas estructuras del crimen organizado. En este tipo de conflicto, los informadores no son concebidos como agentes neutrales. Todo lo contrario. Son considerados objetivos estratégicos de agresión, recurriendo preferentemente al secuestro, a fin de concretar  cinco premisas fundamentales:

4. Víctimas no visibilizadas. En este sentido, la experiencia derivada de la investigación de campo dio como resultado detectar la prevalencia de afectaciones indirectas a familiares y personas cercanas a periodistas agredidos. El fenómeno adquiere relevancia puesto que en las bases estadísticas actuales no incorporan a estos grupos. Dos casos reflejan dicha condición. El primero refiere a una situación de secuestro experimentada por un reportero en el año 2010. Por un lado, el trauma del hecho en sí mismo se irradió a todo el círculo familiar durante el proceso de 

cautiverio. Después de la liberación, el periodista solicitó asilo político en Estados Unidos, por lo cual tanto él como su familia vivieron los efectos de la agresión y formaron parte de un desplazamiento forzado. El segundo tiene que ver con las amenazas de muerte que sufrió un reportero de la fuente deportiva. Ante el peligro inminente de agresión, tuvo que salir de la ciudad por un tiempo y llevarse también a su familia. De igual forma, la agresión se irradió indirectamente a un grupo de personas en este otro caso de desplazamiento forzado. Prevalece así un subregistro de víctimas de agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa. (Anexo)

5. Formas simultáneas de agresión. La modalidad cuantitativa de medición en las distintas bases estadísticas sitúa la tipología del atentado como eje de registro. Sin embargo, la aproximación cualitativa del estudio permitió descubrir que en un solo atentaddo pueden concurrir múltiples formas de agresión, propias de una cifra negra o subregristro. Tomando como ejemplo el primer caso citado en el punto 4, encontramos que la medición cuantitativa consigna solo una agresión: secuestro. Sin embargo, al realizar la entrevista fue posible encontrar que el reportero también experimentó agresiones concurrentes: amenaza, intimidación, agresiones físicas y desplazamiento forzado.

Conclusiones 

a) México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, por lo tanto, es imprescindible incorporar esta perspectiva en los enfoques de la enseñanza; así como en la creación y actualización de los programas de estudio relativos a Periodismo y Ciencias de la Comunicación. 

b) Este enfoque debe ser transversal, dado que los riesgos que pueden emerger son generalizados y extensivos a todo el campo de trabajo. 

c) Docentes y estudiantes deben estar sujetos de manera constante a programas de capacitación para desarrollar trabajos de comunicación en zonas hostiles.

d) Los manuales de seguridad ya no deben tratarse en forma extracurricular o en calidad de actividades de “educación continua”. Sería muy conveniente que éstos fueran integrados de manera explícita dentro de los contenidos de las materias de 

formación básica de la licenciatura, y de manera específica como asignaturas en las mallas curriculares de especialización en Periodismo. 

e) Las instituciones debemos implementar, reforzar y/o consolidar, según sea el caso, la vinculación con instituciones orientadas a la protección de periodistas y a la defensa de los derechos humanos. 

f) Resulta fundamental recuperar y registrar las experiencias en materia de agresiones y riesgos, a fin de recopilar información clave en la elaboración de diagnósticos. Ello, pensando en dotar de pertinencia las estrategias encaminadas a desarrollar trabajos de reforma curricular en localidades, regiones y estados del país. 

g) Para el caso de los medios, resulta esencial que implementen un protocolo mínimo de seguridad en sus políticas organizacionales. La evidencia disponible en el caso de La Laguna indica que, a pesar de la crisis experimentada, no hubo acción correspondiente formal e institucionalmente establecida. 

h) En este entorno se vuelve indispensable empujar agendas legislativas orientadas a cambiar de clase I a III, por lo menos, el nivel de riesgo en la actividad periodística. La ley del IMSS en este caso, sitúa a la profesión entre las de menor grado de riesgo. En tal sentido, es crucial que no solo se tome en cuenta el proceso, sino el contexto de violencia y hostilidad prevalente en el país. Por lo pronto, ya hay un avance en el reconocimiento legal de los riesgos psicosociales asociados al trabajo. Para la prensa en particular, se considera ya efectos de estrés laboral ante el riesgo de ser víctima de agresiones. 

i) En vista de la poca respuesta desde las corporaciones de medios, los centros de formación pueden impulsar procesos de vinculación con organizaciones nacionales e internacionales para certificar a los egresados de la carrera, o con especialidad en Periodismo, en áreas de seguridad: personal, laboral y digital. 

J) Por último. Si bien, la experiencia descrita en La Laguna nos sitúa en la lógica de agresiones contra la prensa provenientes de poderosas estructuras del crimen organizado, después del periodo de estudio (2007-2013), encontramos nuevas modalidades de presión e intimidación en junio de 2018. En este caso, el perfil de los atentados implicó un despliegue de tácticas de intimidación más sofisticadas: 

acoso cibernético, campañas de desprestigio en plataformas de Internet y viralización de contenidos audiovisuales por redes de Facebook y WhatsApp. Se trató de “producciones” dirigidas a denostar el trabajo periodístico elaborado al margen del punto de vista “oficial” de la información. Apareció una modalidad de agresión propia del acoso “en línea” (González, 2018). 

Dicho lo anterior, es evidente que las formas y fuentes de agresión se han diversificado en los espacios locales. El estudio de caso descrito en La Laguna refleja los efectos del estado prevalente de violencia criminal que se ha extendido por más de dos décadas en el país.  La particularidad en cuestión refiere a su vez a la emergencia de conflictos no convencionales, también llamados “guerras híbridas” (Colom, 2018). Éstas, en una vertiente, se originan con la intervención de milicias privadas al servicio de “poderes fácticos paralelos” en la disputa por territorios y control de actividades ilícitas. Se trata pues de una variable que rompe con cualquier tendencia “regular” de inseguridad en el espacio público. 

Así, es un hecho que hay una multiplicidad de actores dispuestos a ejercer presiones sobre el trabajo de prensa, y que estos pueden implicar desde esferas de la delincuencia organizada, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, funcionarios públicos y estructuras locales de poder político-económico. Las formas y fuentes de agresión se han multiplicado. Por lo tanto, enseñar periodismo y comunicación en tiempos de violencia implica hoy más que nunca incorporar modelos de educación continua docente centrados en protocolos de seguridad personal, laboral y digital. Pero sobre todo implica exponer y hacer conciencia acerca de la realidad que enfrentarán los alumnos y egresados al vivir y trabajar en el país más peligroso de América y uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la práctica del Periodismo y de la Comunicación. 

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Tuchman, G. (1983). La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la realidad. España: Gustavo Gili (GG).

Anexo. Alejandro y Rosario: dos historias de vida

Alejandro

La verdad nunca pensé que se tratara de un secuestro. Desde el primer momento creí que nos iban a matar. No me correspondía andar en la calle ese día. Más aún, el traslado hasta el penal y la grabación de los aspectos del motín de reos solo se harían en caso extremo. De alguna manera sí pensábamos evitar ese plan de cobertura.  

“Al Cuerpo nada más le falta ir a la guerra”, fue la presentación que le extendieron a quien solicitaba de manera urgente mis servicios de camarógrafo. Cuatro horas después: “¡A ver, cabrones, cómo quieren que se los cargue la chingada!”, nos decía al grupo de reporteros uno de los miembros del cártel.  

Minutos antes de las seis de la mañana del lunes 26 de julio de 201l llegué a las instalaciones de Televisa Laguna. En aquel tiempo me asignaron al área de producción, aunque antes de esa etapa la totalidad de mi experiencia en televisión había transcurrido realizando funciones de reportero con cámara al hombro en asuntos periodísticos. Cerca del mediodía estaba ajustando el equipo en el estudio para la transmisión del noticiero. Mi turno casi concluía. 

“Alejandro, te hablan de redacción”, me avisó uno de los camaradas del switcher. Entrando a la oficina el coordinador del área dijo: “Tenemos un trabajo muy especial para ti, Cuerpo. Eres la persona indicada”. Había llegado gente de la Ciudad de México. Se trataba de un reportero de Punto de partida, el programa conducido por Denise Maerker.

Héctor Gordoa fue el corresponsal que enviaron a cubrir un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio. Lo conocí en la oficina de redacción. Ahí fue donde nos presentaron, decidí entrarle al quite y acordamos la ruta. El camarógrafo que lo acompañaría perdió su vuelo en la capital del país y no pudo arribar a tiempo. Me dio gusto que me tomaran en cuenta. Confieso que desde un principio me agradó la idea. 

Cubrir un conflicto era lo que faltaba en mi currículum, así lo dio a entender el jefe de información cuando habló con Héctor sobre mi apodo, El Cuerpo, y la experiencia que tenía desde mis inicios en los años noventa, formando parte del Canal 44 en Ciudad Juárez. Preparé el material, quedamos de hablarnos por radio, salimos del edificio y nos subimos a un carro de alquiler. Después de 10 minutos cruzamos el puente interestatal de Coahuila a Durango.

Cubrir un motín no era parte del plan. De hecho solo se harían entrevistas con policías y autoridades municipales de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Pasaba de las dos de la tarde. Supimos del desmadre y fuimos. Al llegar vi a algunos de los colegas reporteando, pero evitaban acercarse demasiado a la malla de protección del penal. Saludé a Javier Canales, amigo y colega de la empresa Multimedios. Se lo presenté a Héctor. Apenas unas horas después nos volveríamos a encontrar en la peor de las circunstancias. 

La cobertura duró más de una hora. Unas 200 personas se agruparon en la manifestación de protesta. El perímetro estaba cercado por federales y soldados. Un helicóptero de la Federal volaba en círculos a baja altura y varios presos subieron a las torres de vigilancia, mostrando pancartas en que exigían la reinstalación de algunos funcionarios del penal.

Entrevistamos a algunas de las señoras que pedían información sobre la situación de sus familiares. Entre ellas había otras que defendían a la directora, declarando frente a la cámara que su detención era una injusticia: “Ella es muy buena gente con los internos. Nosotros queremos que la regresen”, nos dijeron.

No tenía miedo, tal vez porque jalaba al margen del área de noticias desde hacía tiempo y no podía sentir, como debería, la pinche temperatura a la que habían llegado los chingazos en la calle. Terminamos. Eran las tres y media de la tarde. Abordamos el vehículo que Héctor rentó en el aeropuerto y emprendimos el camino de vuelta al canal. La comida ya estaba lista. Mi esposa y mis hijos esperaban mi regreso a casa.

Avanzamos rumbo al sur de la ciudad para regresar a Torreón. Esperábamos luz verde para dar vuelta a la izquierda. Al momento de arrancar se atravesó un carro negro con vidrios polarizados. Iba rumbo al norte, en sentido contrario al nuestro. Luego vino un cerrón de frente para impedirnos el paso. Bajaron dos personas armadas, nos encañonaron y se metieron al carro por las puertas traseras. Ordenaron que siguiéramos el auto en que venían.

“¡Quiénes son ustedes!”, “¡pa’ quién chingaos trabajan hijos de su puta madre!”, “¡qué chingaos estaban haciendo en el Cereso!”. Así empezó la tortura. No había más respuesta que la única. Una y otra vez contestamos con la verdad: somos reporteros, vinimos a hacer un reportaje y trabajamos en Televisa.

Llegamos hasta un terreno baldío de Ciudad Lerdo, nos bajaron del carro y nos metieron a la cajuela. Pasó mucho tiempo. Héctor y yo empezamos a rezar y a decir que todo era una pesadilla. Ahí cambiaron de auto para trasladarnos a otro punto. ¡Pinche sorpresa tan más terrible. A Javier Canales, de Mulitmedios, también lo habían secuestrado!

“¡Quién de ustedes se quiere morir primero!”, “¡cómo quieren que se los cargue la chingada!”. En medio del interrogatorio y de la chinga con las amenazas recibían llamadas telefónicas. Entre tanto, soltaron la sentencia que nos iban a aplicar: “¡Van a valer verga por chismosos!”.

Por suerte todo quedó en pura amenaza. Luego, quemaron el vehículo de Multimedios en un ejido cercano al lecho seco del río Nazas. Lo hicieron después de habernos dejado en la casa de seguridad y vendarnos los ojos para ingresar al cuarto donde Héctor, Javier y yo permanecimos encerrados. Tenían a más gente retenida en la misma casa. 

A cambio de nuestra liberación los integrantes del cártel exigieron la transmisión de unos vídeos donde se acusaba a un grupo de funcionarios de Coahuila de formar parte de una organización rival. Fue entonces que al día siguiente, el martes 27, los canales locales de Televisa y Multimedios pusieron los videos al aire en sus noticieros de mediodía. 

La transmisión del material no cambió nuestra situación. Seguimos de igual a peor. Tuve la intención de escapar. Me resistía a morir así nada más. Ya puesto a la fuerza en este desmadre mi propósito era venderles caro la vida, cuando menos dándome un pinche tiro con ellos. La noche del miércoles Héctor y yo hasta pensamos en la posibilidad de enfrentar a la persona que nos vigilaba. Mala idea. Ahí la dejamos.

A Héctor lo liberaron el jueves 29 de julio por la tarde a cambio de emitir un video a favor de ellos a nivel nacional en el programa. Incluso le entregaron una nota, pero no pasaron ni madres. 

Era el amanecer del sábado 31 de julio. Llegábamos al quinto día de secuestro. Luego de un escape fallido horas antes, la verdad me resigné y decidí sentarme en un rincón del cuarto a esperar la muerte. Sentía tranquilidad por el hecho de haberlo intentado. Más todavía porque durante uno de los traslados alcancé a romper las fotos de mis hijos y a tirar las identificaciones. Eso me hacía pensar que en cierto modo mi familia estaría a salvo. Poco importaba lo que pasara con mi vida. 

Escuchamos el silbido de un tren. Todavía para ese entonces estaba seguro de que nos iban a matar. No supe la razón, pero de repente oí decir a uno de los secuestradores: “Cambio de planes”. Salimos de la casa de seguridad. A treparse a otro carro una vez más. Enseguida nos desataron las manos y retiraron la venda que teníamos puesta en los ojos. Bajamos unas cuadras más delante.

“¡Córranle, güeyes!”, nos gritaron. Ellos se fueron por otro rumbo. En un principio me dio la impresión de que aplicarían una suerte de ley fuga. Después de emprender la huida vendrían los disparos por la espalda o la embestida del automóvil. Nada de eso. Respetaron nuestra vida. Al final  nos liberaron.

Lo que vino después fue algo extraño. Al dar la vuelta por la calle vimos a la distancia unas patrullas de la Policía Federal. Los perros de la cuadra ladraban y hacían un escándalo. Nosotros chiflábamos, les gritábamos a los oficiales, pero no podían oírnos. El caso es que les dimos alcance. 

Subimos a una de las camionetas. Me pidieron identificar la última casa donde nos tuvieron. Traían equipo de vídeo. Hicieron preguntas que me sacaron de onda. “¿Dónde lo tenían? ¿Y después de aquí a qué parte lo movieron? A ver, dígame cómo estuvo”. La libramos. Estábamos a salvo. 

A la escena llegó un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF). De ahí nos mandaron al cuartel de la PFP en Torreón; desde ahí partimos al aeropuerto y antes de la una de la tarde arribamos a la Ciudad de México. Para esa hora ya estaba listo el discurso oficial que se daría a los medios nacionales e internacionales.

Estuve hasta el 2 de agosto de 2010 en el Distrito Federal. El sindicato me hizo el paro con la estancia. Me fui por tierra hasta Ciudad Juárez y posteriormente pedí el asilo político en Estados Unidos, país que me abrió las puertas, y ha tratado bien a mi familia y me facilitó un empleo en el sistema Univisión. Obtuve mi carta oficial de residencia durante la segunda semana de abril de 2013. No importa que sea en otro país, sigo haciendo lo que más me gusta en esta vida: traer la cámara al hombro.

Nunca más volveré a mi tierra. La seguridad de mi familia estaría en riesgo. No tiene caso. Claro que extraño un chingo. Más todavía porque la región lagunera sigue en el abandono. Estoy muy agradecido con el gobierno americano, pero eso no significa olvidar que soy mexicano. Aún tengo miedo de retornar a mi país. Un camarada me preguntó hace poco si lo haría. Sin pensarlo mucho le dije que no. En vida no lo creo. Ai’ muere. A Torreón solo muerto regreso. A Torreón solo mis cenizas vuelven.

Rosario

Un cártel forzó la cobertura que hice a cambio de liberar a una compañera que mantenían secuestrada. Exigían tomar imágenes y declaraciones sobre el bloqueo en curso que impedía el tránsito en un puente vehicular. “Te toca ir”, fue la instrucción que me dieron.

La medida de presión provino de una reacción de inconformidad por el cierre definitivo del penal. Previamente, un grupo de policías intervino para frenar de golpe un motín que desencadenó la muerte de 15 reos y nueve custodios. La manifestación transcurría sobre campo minado.

Recuerdo que un día antes agentes de la Federal mantenían un cerco alrededor de las instalaciones del medio. Regresaba a la redacción sin saber lo que estaba pasando. Llamé a una amiga reportera que cubría fuentes policiacas. “Tronó una crisis; ayer se llevaron a una chava de la empresa”, me dijo. 

La verdad sí me alteré. Del coraje me puse a llorar. Me sentía muy mal a causa de todo lo que estábamos pasando. Por segunda vez, alguien al margen de la redacción era víctima de la presión contra el medio. Ni un año había pasado desde que un comando irrumpió en la planta de transmisiones y asesinó al ingeniero de guardia.

Los integrantes del grupo retuvieron a una de las integrantes del personal de apoyo para imponer información, contenidos y publicaciones. Amenazaron con matarla si no se redactaba la nota a su gusto.

Ya no se conformaron con publicar por internet y en el impreso. En este caso, exigían registrar en video los testimonios de protesta por el cierre de la cárcel. La inconformidad aumentó porque trasladaron a los internos a otros centros de reclusión. Sabían que las coberturas presenciales estaban suspendidas de tiempo atrás, porque el riesgo era muy grande para cualquier periodista. Ningún medio regional envío gente a reportear los eventos posteriores a la clausura. Al final, fijaron la liberación de nuestra compañera a cambio de cubrir el bloqueo y transmitir la nota por televisión.   

A la mañana siguiente, bajo esas condiciones, me mandaron. Llevaría agentes de seguridad como medida de protección. A los chavos de la sección policiaca les prohibieron salir a la calle durante esa crisis; solamente yo permanecía en la redacción. El trabajo se alternó por días para quien estuviera disponible, a pesar de cubrir fuentes de otro tipo. 

Ya con escolta solo nos acercamos a la prisión. El camarógrafo grabó aspectos y yo entrevisté a algunas personas que vivían en las inmediaciones. Eso fue todo. Volvimos a la oficina, pero me rebotaron. El grupo exigía tomas de la gente que estaba protestando, a más de un kilómetro de distancia. Más miedo y frustración para llevar; para repartir. 

Desde el principio supe que debía conservar la calma, a pesar de encontrarme en una situación límite, la más cabrona que había tenido como reportera. La vida de una persona dependía del informe que hiciera, a la medida de las exigencias. Debido al nivel de peligro, la protección fue obligatoria. De cometerse algún error mortal, sabrían por lo menos dónde íbamos a quedar. 

Después del revés inicial, llegué al sitio de la protesta acompañada por dos reporteros gráficos del periódico y una guardia compuesta por 20 policías, transportados en dos camionetas. Todos portaban pasamontañas, chaleco antibalas y rifles de alto calibre. La presión dentro del globo en que nos metieron llegó a ese grado, a punto de reventar.   

Alrededor de 150 personas obstruían la circulación en el crucero donde transcurría la manifestación. Entrevistamos a señoras que traían el rostro cubierto. Estaban encapuchadas, presentándose como familiares de los internos que desalojaron. Se repartían las tareas de acuerdo a funciones específicas. Algunas hablaron frente a la cámara, otras nos grababan y el resto informó por celular detalles de la cobertura. También, con desesperación e incertidumbre, se acercaron los padres de varios reclusos que nos pedían ayuda para ubicarlos, debido a que las autoridades cerraron todos los canales de información.  

El ambiente se fue cargando de hostilidad y todo se complicó. El momento más culero se dio cuando un grupo de agentes federales apareció en el encuadre. Ellos intentaron deshacer el bloqueo. Quitaron las piedras y las mallas de plástico que impedían el paso de los vehículos por uno de los carriles. Sin embargo, solo fue por unos minutos. Algunos de los que formaron parte de la manifestación volvieron a poner los obstáculos. 

Subió la tensión. Estaban pasando cosas muy extrañas. Los federales se retiraron, pero en ese momento arribó un pelotón de soldados que no permaneció más de tres minutos en el lugar. Así como llegaron, los miembros del ejército se fueron. Luego irrumpió un convoy que desplegaba una fila de varias camionetas. Pudo ocurrir algo muy grave. “Es mejor que nos vayamos, señorita. Este lugar ya no es seguro”, me dijo el policía a cargo de nuestra protección. Instantes después confirmé que nuestra compañera había regresado a salvo. Solo así pude largarme de ese pinche infierno. 

A raíz de la guerra que se suscitó entre los cárteles, me preocupó mucho la actitud social que confería a esa violencia un perfil de “normalidad”. Fuimos perdiendo capacidad de asombro mientras se multiplicaban secuestros, balaceras y homicidios. También perdimos gente en el camino: amigos, familiares, reporteros, funcionarios, conocidos. En cierta ocasión, hablé con un agente del Ministerio Público. Media hora después lo ejecutaron. Cubrí con Rafael Ortiz Martínez la explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila. Desapareció meses más tarde. De él no hemos vuelto a saber nada.  

Pienso que todo este desmadre estuvo motivado por el narcotráfico y la corrupción de las autoridades. La colusión entre unos y otros fue el combustible que lo hizo explotar. Emocionalmente nos tumbó de una forma espantosa. Pasado el huracán que alteró nuestras vidas en esos años, creo que cada uno de nosotros en la Comarca acumuló una historia propia de inseguridad o violencia. Estoy convencida de que nadie se pudo escapar de esa pinche psicosis. Estoy plenamente convencida de que a todos nos fue de la chingada.    

***