Tendencias locales de impunidad y corrupción en Coahuila

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Mediante una referencia conceptual de la Organización de Naciones Unidas (ONU)  (UDLAP, 2018),  la impunidad implica ”la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de las violaciones, así como de responsabilidad  civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas” (pág. 25).

Fundamentado en 35 variables cuya información proviene de subsistemas nacionales de gobierno, Seguridad Pública, Impartición de Justicia y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), coordinado por el Inegi, el Índice Global de Impunidad (IGI) es un indicador que permite observar el comportamiento de dicho fenómeno en países como México y sus entidades federativas. (UDLAP, 2018, págs. 26-36)

Bajo esta lógica, 1) el criterio de evaluación del IGI plantea una escala de cero a cien puntos para determinar de menor a mayor grado de impunidad; 2) De igual manera, a mayor alto el número en la clasificación estatal corresponde un grado mayor de impunidad. (UDLAP, 2018)

'En relación a lo anterior, el IGI 2018 nos muestra que la impunidad ha ido en aumento desde 2016, tiempo en que la medición reconfigura su metodología con respecto al inicio de su aplicación el año anterior, a partir del cual construye y registra, interpreta y evalúa bases nacionales de datos en la materia. En este sentido, los resultados más recientes indican que la impunidad ha crecido en México, al pasar de 67.42 a 69.84 puntos, indicador que surge a partir de un promedio que agrupa a los 32 estados de la República.  (UDLAP, 2018, pág. 7)

Desde este punto de vista, en Coahuila ocurre un fenómeno similar, pues se encuentra entre las entidades federativas del país cuyo grado de corrupción es “muy alto”. De hecho, al observar los datos de la Tabla 1, es posible establecer que de 2016 a 2018 el IGI estatal creció 4.95 puntos. (UDLAP, 2018, págs. 37-42)

^{Tabla 1}

^{Elaboración propia. Fuente: Universidad de las Américas Puebla (UDLAP, 2018). La impunidad subnacional en México y sus dimensiones. Páginas 37-42.}

^{*La clasificación del IGI 2018 muestra solo 30 de 32 lugares en su clasificación, debido a que Nayarit y Michoacán son considerados como “casos atìpicos” por “posibles alteraciones de sus cifras delictivas”.}

^{**El IGI 2015, muestra que México tuvo un registro de 75.7 sobre 100, lo que implicaría interpretar una disminución en la secuencia posterior. Sin embargo, los autores del informe aclaran que el instrumento, en relación a esa idea, más bien responde a una serie de ajustes metodológicos.}

En suma, los resultados evidencian una condición crítica para México y Coahuila en la actualidad. A instancias de la medición propuesta por el IGI, empeoran los índices correspondientes de impunidad global y estatal.

Datos del Inegi (2018) indican que el fraude y la extorsión son los delitos de mayor incidencia en la entidad. Ahora bien, del total de actos delictivos, 88.1% carecen de denuncia. Por tal motivo solo se registra 11.8% de los delitos. Sin embargo, de ese conjunto únicamente 6.8% derivó en el inicio de averiguación previa o apertura de carpeta de investigación; tendencias que reflejan un retroceso en 2017 con respecto al año anterior. (diapositivas 16-19/31)

En Coahuila, 64.2% de la causas que determinan no denunciar un delito son atribuibles a la autoridad: pérdida de tiempo (37.5%); desconfianza en la autoridad (15.0%). En estos casos por “causas atribuibles a la autoridad” se entiende “por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y actitud hostil de la autoridad” (Inegi, 2018, pág. 19).

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad (ENVIPE) del Inegi que se presenta en la Tabla 2, encontramos una correlación directa entre la cifra negra y las pérdidas económicas a consecuencia de la inseguridad en México y Coahuila. Tan solo en Coahuila, el monto nominal acumulado entre 2016 y 2017 suma pérdidas económicas por 11 mil 933 millones 400 mil pesos. Inegi (2017, diapositiva 14/31) (2018, págs. 14-27)

Tabla 2

^{Elaboración propia. Fuente:Inegi. Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción de inseguridad 2017 y 2018. Presentaciones ejecutivas nacional y por entidad federativa.}

^{*Si el costo acumulado del gasto en medidas preventivas se agregaran las pérdidas económicas reportadas por el Inegi, éstas podrían representar en Coahuila un monto nominal global de 16 mil 044 millones 600 mil pesos.}

En conclusión, a medida que aumentan la cifra negra de delitos y la  impunidad, se incrementan también los costos económicos por la inseguridad y el delito. A continuación, se aborda el tema sobre las tendencias de la corrupción en Coahuila que, junto con la impunidad,  se entrelaza en un escenario público donde ambos fenómenos sobresalen en el ámbito de las mayores preocupaciones sociales.

Inegi: corrupción, la preocupación principal en Coahuila 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) levantada por el Inegi (2018), la corrupción es el principal problema que enfrentan los ciudadanos en el Estado de Coahuila (Tabla 3). “El 62% de la población de 18 y más refirió que la corrupción es el problema más importante que aqueja hoy su entidad federativa, seguido de la inseguridad y delincuencia con 56.7% y el mal desempeño de gobierno con 39.5%” (pág. 41).

Tabla 3

^{Elaboración propia. Fuente: ENCIG 2017, (2018)}

 Otra dimensión de la encuesta refiere a la prevalencia de corrupción, y ésta se refleja considerando estadísticamente la Tasa de Víctimas de Actos de Corrupción (TVAC) por cada 100 mil habitantes. En esta medición, Coahuila registra un aumento de 1.6% en 2017 con respecto a 2015. Si bien el propio Inegi aclara que en este caso la diferencia no resulta significativa, al igual que en mediciones anteriormente presentadas, la tendencia describe aumento: de 11 mil 097 a 11 mil 272; tal como lo muestra la Tabla 4 a continuación. (Inegi, 2018, pág. 127)

Tabla 4

^{Elaboración propia. Fuente: ENCIG, Inegi (2018, pág. 127).}

^{La comparación entre las entidades toma como referencia a los estados que mostraron la menor y mayor prevalencia de corrupción en 2015. Las variaciones en el registro de 2017 modifican por completo dicho antecedente.}

^{*La entidad se ubicó entre las ocho que registraron aumento en su TVAC.}

^{**Sin variacion estadística significativa, aunque la tendencia para efectos cualitativos, al igual que en distintas mediciones presentadas con anterioridad,  indica un aumento nominal.}

 Por lo que respecta a la incidencia de corrupción, medida a partir de la Tasa de Actos de Corrupción (TAC), Coahuila mantiene la misma tendencia sugerida en los resultados por prevalencia (TVAC). Según muestra la Tabla 5, en la entidad, de 2015 a 2017, es apreciable un aumento de la TAC, pasando de 20 mil 350 a 22 mil 455 en el periodo. Si bien, con reservas para elaborar inferencias cuantitativas, el incremento de 10.3% confirma cualitativamente la tendencia en las distintas mediciones presentadas con anterioridad en este ensayo. (Inegi, 2018, pág. 128)

Tabla 5

_{Elaboración propia. Fuente: ENCIG, Inegi (2018, pág. 128).}

_{*Para efectos de comparación, se toma como referencia a Nayarit por representar la entidad que mostró el incremento mayor entre las 32 entidades federativas. Estado de México y Sinaloa, en ese orden, registraron los registros más altos de TAC, sin embargo, el Inegi sugiere reservas estadísticas para hacer interpretaciones cuantitativas en ambos casos.}

_{**Sin variación estadística significativa, sin embargo al igual que en el registro de TVAC en la Tabla 4 anterior, la tendencia nominal sí indica un aumento para efectos cualitativos de interpretación.}

Sin duda, una de las variables más importantes de la ENCIG está representada por la percepción sobre la frecuencia de los actos de corrupción en la entidad. En Coahuila, 85.8% de la población mayor de 18 años percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes. (Inegi, 2018, pág. 42)

Con ese mismo criterio, 89.9% de los entrevistados refirió que los actos de corrupción se acentúan en los policías y partidos políticos un 86.6%. Asimismo, dentro de esta tendencia se ubican gobiernos estatales (80.2%); Gobierno Federal (78.9%); diputados y senadores (76.4%); gobiernos municipales (71.4%); Ministerio Público (71.3%); institutos electorales (70.5%); sindicatos (62.5%); empresarios (61.5%); jueces y magistrados (56.9%).  (Inegi, 2018, pág. 43)

Tabla 6

^{Elaboración propia. Fuente: ENCIG, Inegi (2018, pág. 43).}

 Finalmente, la ENCIG reporta la percepción sobre el grado de confianza en instituciones o actores de la sociedad. En Coahuila, 89.9% de la población confiere a sus familiares la mayor confianza. Por el contrario, 76% desconfía de los partidos políticos. De igual forma, las valoraciones negativas se acentúan gobiernos, servidores públicos, policías, jueces y magistrados. (Inegi, 2018, pág. 47)

Gasto federalizado

Mediante el Informe Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, el monto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2019) sumó 7 mil 422 millones 700 mil pesos en la revisión del Ramo 23, instrumento presupuestario federal entre cuyos objetivos se encuentra la transferencia de fondos específicos para estados y municipios. Del total, cuatro entidades concentraron el 70.9% de la detección de irregularidades: Michoacán (33.9); Estado de México (12.9%); Puebla (12.4%) y Coahuila (11.7%). (ASF, 2019, pág. 96)

Tabla 7

^{Elaboración propia, considerando un porcentaje de 70.9 del 100%: 7 mil 422 millones 700 mil pesos. Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF), 2019.}

Sobre el mismo tema, en otro nivel de información aportado por la ASF (2019), es posible conocer el porcentaje del monto observado con respecto al tamaño de la muestra aplicada en la revisión financiera por cada caso. Tal como lo describe la tabla número 2 en la página siguiente, en dicho escenario la entidad, con un monto de 874.2 millones de pesos (62.6% de mil 233 millones de pesos), quedó ubicada en el tercer lugar de las primeras cuatro con mayor número de observaciones, junto con Michoacán, Tlaxcala y Puebla. (pág. 97)

Tabla 8

^{Elaboración propia, calculando mediante una regla de tres simple el total de la muestra auditada con respecto al porcentaje del monto observado. Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2019.}

En este aspecto, la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto sobresalió entre las principales observaciones con respecto a las irregularidades detectadas, aunque de manera particular esta situación nacional se acentúo en Michoacán (34.6%); Estado de México (27.9% y Coahuila (24.2%). (pág. 97)

A ese factor de observación administrativa determinado por la ASF (2019) se sumaron de manera general en el país: transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas sin acreditar su aplicación en obras y acciones al Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) de Gasto Federalizado; recursos o rendimientos devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); obra no ejecutada o de mala calidad y conceptos no autorizados por la dependencia normativa. (ASF, 2019, págs. 97-98)

Para concluir este apartado, cabe mencionar que los resultados expuestos indican una tendencia previa. Un estudio sobre corrupción elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CINDH) situaba a la entidad en la categoría “mayor nivel de corrupción”. Ello, al considerar que 39.7% de las observaciones que presumieron daño patrimonial por la ASF en 2014 se concentraron en Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero y Sinaloa. (CNDH, 2017, pág. 21)

Informe de la Auditoría Superior del Estado 

 En base al Informe de seguimiento a los resultados de fiscalización superior al segundo semestre 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASEC, 2019) reportó cinco casos que implicaron responsabilidades penales. Según los datos (Tabla 9), entre 2014 y 2015 hay un aumento de 183% (72.0 millones de pesos) en el monto. El volumen financiero de las irregularidades pasa de 39.3 a 111.4 millones de pesos. La suma implica un perjuicio por 150.7 millones de pesos al erario. (pág. 168)

Tabla 9

^{Elaboración propia. Fuente: Auditoría Superior del Estado (ASEC, 2019).}

^{*La ASEC no aporta información para el ejercicio fiscal 2016 debido a “que se encuentra en la etapa de valoración de las observaciones no solventadas por las entidades fiscalizadas”.}

^{**Sin considerar el factor de inflación a 2019 para actualizar la cifra.}

^{***Si bien el municipio de Acuña no representa el mayor monto de irregularidades, el aumento del monto bajo investigación supera 1,500%.}

La ASEC presentó las denuncias ante la Fiscalía General del Estado “contra quien y/o contra quienes resulten responsables”. Mantienen el estatus de “carpetas de investigación” (2019, págs. 168,348 y 446). Al menos en el documento de referencia, no se aporta información para saber si las querellas implicaron detenciones, juicios o sentencias después de la revisión a los ejercicios fiscales.

En otro orden de ideas, la sección del informe referido a “promoción de responsabilidades administrativas por hechos y omisiones durante la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015”, da cuenta de las instancias que ameritaron observaciones. Entre éstas se encuentran los 38 municipios de la entidad; y cuatro concentraron los procedimientos.  (ASEC, 2019, págs. 308-346) 

Tabla 10

^{Elaboración propia. Fuente: ASEC  (2019, págs. 308-346)}

Mediante 195 procedimientos de los 280 ejecutados en los 38 municipios, los cuatro casos presentados representan el 69.4% del total: Ramos Arizpe (36.4%); Guerrero (23.5%); Monclova (6.7%) y Zaragoza (2.8%). Resulta se suma relevancia que en Ramos Arizpe el 100% de las resoluciones mantienen el estatus de “pendiente” y, en esa misma proporción, los procedimientos únicamente se aplicaron contra el titular de una dirección: Obras Públicas. (ASEC, 2019, págs. 331-336)

Dentro de la sección de Recomendaciones y Acciones promovidas en la Cuenta Pública 2016, la ASEC reporta la situación prevalente en 19 municipios que fueron objeto de procedimientos administrativos dentro de ese rubro. De ahí se desprende, (Tabla 11), que 74.1% de 58 acciones se concentraron en tan solo tres municipios: Guerrero (43.1%); Matamoros (15.5%) y Villa Unión (15.5%). (ASEC, 2019, págs. 462-466)

Tabla 11

^{Elaboración propia. Fuente: ASEC (2019). Los datos se ubican en la base de registros que contiene la sección Informe sobre la situación que guardan los procedimientos administrativos de las recomendaciones derivadas de entidades, SIMAS y Muncipios. (pág. 458)}

A fin de complementar la información de la Tabla 11, el registro general en los 19 municipios observados nos indica que las dependencias donde más se acentuaron los casos de procedimiento fueron: Tesorería (12); Obras Públicas (6) y Secretaría del Ayuntamiento (3). Llama la atención que en Guerrero los procedimientos no vinculan dependencia, sino que puntualizan una figura genérica personal: “servidor público”, la cual implicó 25 de las 31 resoluciones de amonestación privada, un 80.6%. (ASEC, 2019, págs. 462-466)

Uno de los resultados más desalentadores de la revisión hecha por la ASEC (Tabla 12), tiene que ver con la resistencia mostrada por los integrantes de la función pública al principio de transparencia y rendición de cuentas. Aunque hay una tendencia a la baja en dicho rubro, prácticamente no se atendió 98.7% de las 2 mil 037 recomendaciones emitidas a raíz de las revisiones a las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016 (ASEC, 2019).

Tabla 12

^{Elaboración propia. Fuente: ASEC (2019)}

Finalmente, en referencia a la Cuenta Pública 2016, luego de las auditorías que se aplicaron a cada una de las entidades fiscalizadas, “se determinaron responsabilidades administrativas a 10 Organismos Paramunicipales, 31 Entidades Paraestatales, 5 Organismos Autónomos, 17 Sistemas de Agua y 38 municipios, las cuales fueron notificadas a las instancias de control competentes”. (ASEC, 2019)

Dado lo anterior, es obvio que uno de los retos por afrontar conlleva una real cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública coahuilense, aspecto que será uno de los ejes temáticos esenciales en la sección final de este documento.

Conclusiones 

En conclusión, es evidente que el estatus de la corrupción y la impunidad refleja la condición de un serio problema para la viabilidad de la democracia en México y Coahuila. Por tal motivo, la autonomía constitucional del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Coahuila de Zaragoza representa un activo de suma importancia para encabezar los esfuerzos encaminados a revertir el problema.

Por lo tanto, la propuesta que surge del presente ensayo se orienta a establecer que una de las acciones más importantes en el corto, mediano y largo plazos consiste en que el TJA se configure como un actor central en la promoción y difusión de una nueva cultura de la legalidad y la integridad, tanto en el aparato de gobierno como en la estructura social. Una vigorosa vinculación de largo aliento será fundamental para lograrlo. 

De esta manera, será imprescindible una presencia institucional constante del TJA por medio de la comunicación a distancia e interpersonal con sus públicos: funcionarios, organizaciones sociales, padres de familia, instituciones educativas, grupos empresariales, asociaciones civiles, partidos políticos, defensores de derechos humanos y los poderes constitucionalmente establecidos.

En dicha política, el TJA necesita de la participación social para la prevalencia del estado de derecho dentro del quehacer gubernamental, a fin de apuntalar por medio de sus facultades un régimen democrático basado en los principios de justicia, derecho de acceso a la información, máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Por lo pronto, la alta valoración social que precede su constitución como Ombudsman en Coahuila le significa, de suyo, una expectativa muy favorable.

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