Hospital General de Gómez Palacio: proyecto inconcluso, marcado desde su origen por un amplio cúmulo de irregularidades
Imagen de portada: Saúl González | Milenio Laguna
Desde el inicio de su mandato como gobernador del estado de Durango en septiembre del 2010, Jorge Herrera Caldera dio a conocer lo que representaría la obra de salud más importante de su sexenio para la Comarca Lagunera: la construcción de un hospital de especialidades en Gómez Palacio.
La unidad médica estaría compuesta por 120 camas, área de oncología, 33 consultorios de consulta externa, cuatro quirófanos fijos y dos ambulatorios; 18 especialidades médicas, acelerador lineal para pacientes con cáncer, ginecología y obstetricia; traumatología y ortopedia; unidades especiales para pacientes con VIH, de hemodiálisis y diálisis.
El objetivo esencial consistía en ofrecer más y mejores servicios de salud, abarcando diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Mediante instalaciones y equipo tecnológico de primer nivel, en aquel momento, la medición de impactó consideró mejorar la atención médica para 327 mil 985 habitantes de la región y sus alrededores.
Una prolongada serie de anuncios fallidos marcarían el discurso político y la agenda sobre el proyecto durante cinco años. La fase inicial se concretaría hasta junio de 2015 con la autorización de 593 millones 920 mil 900 pesos, provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Creada en mayo de 2003 por la Secretaría de Salud, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) administra dicha partida presupuestaria.
El 15 de septiembre, al cabo de 90 días y horas antes de encabezar la ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia, Jorge Herrera desplegaba una amplia sonrisa al colocar la “primera piedra” del hospital. En la imagen, junto a funcionarios públicos y actores políticos, rodea una base rectangular cuya altura le queda por debajo de la cintura.
Imagen: El Universal
El entonces gobernador aparece calzando sobre una porción de mezcla a punto de fraguar un cubo de concreto que cuelga de una cadena sujeta al cucharón de un trascabo. Al fondo, se observan la lona donde se describen las particularidades físicas de la obra y unidades de maquinaria en fila, descansando en el área de construcción: un terreno en el norte de la ciudad de 34 mil 960 metros cuadrados, enclavado en el sector Bugambilias frente al Periférico.
Jamás vería terminada la obra del hospital como titular del Poder Ejecutivo estatal, puesto que no se concluyó en el plazo pactado al 30 de agosto de 2016. Más todavía. Dos días después, el 1o de septiembre, tampoco podría entregar el cargo a uno de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras perder frente al Partido Acción Nacional (PAN) por primera vez en el estado una elección de gobernador.
Imagen: informacionpolitica.mx
Por el contrario, sería uno de sus principales adversarios políticos, el actual gobernador José Rosas Aispuro (2016-2022), quien encabezaría la declaratoria inaugural del hospital en su primera etapa de funcionamiento el pasado viernes 17 de julio, es decir, cuatro años más tarde; muy lejos de la conclusión prevista.
Diana González | El Siglo de Torreón
En franco desacuerdo con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el mandatario estatal estuvo acompañado en el acto protocolario por otro gobernador con quien mantiene una alianza política en el contexto de la pandemia, su homólogo coahuilense de extracción priista Miguel Ángel Riquelme y Juan Ferrer, director nacional del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Imagen: GREM
Resulta difícil imaginar si el exgobernador Jorge Herrera pudo haber calculado semejante falla de ejecución en la obra que habría representado su mayor éxito político de gestión en La Laguna o si previó la derrota de su partido frente al PAN en 2016. A cambio, sobresalen dos hechos fundamentales.
Uno, la realidad actual. Como parte del proceso de reconversión COVID-19, la unidad médica tiene un avance de 99% en la obra civil. Prácticamente está concluida. Sin embargo, el equipamiento apenas alcanza 45% y
“se necesitan recursos adicionales del orden de 557.2 millones de pesos para la adquisición del acelerador lineal y equipo asociado, para complemento de equipo médico, mobiliario médico y administrativo”,
según se indica en la problemática presente de la obra, revelada por el Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud (SIMI) del Gobierno Federal.
SIMI-Gobierno de la República
En segunda instancia se encuentran las tres investigaciones sobre el manejo de los recursos en dos periodos fiscales (2015 y 2016), finalizando con el más reciente dictamen de auditoría que la ASF publicó en julio de 2017 sobre la construcción del hospital: manejos presupuestarios irregulares que alcanzan por lo menos 170 millones 401 mil pesos, a precios de diciembre de 2016. Es decir, 173 millones 185 mil 160 pesos, agregando 15.98% de inflación acumulada a junio de 2020.
Cuenta Pública 2015: graves inconsistencias desde la firma del contrato
El martes 2 de junio de 2015, a través del Acuerdo O-II.50/0615, el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) del Sistema de Protección Social en Salud aprobó un monto por 593 millones 920 mil 900 pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Luego de una semana, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y de Administración suscribieron un convenio de colaboración para establecer los procedimientos relativos a la
"transferencia, ejercicio, comprobación y control de los recursos federales autorizados para la ejecución del proyecto Construcción de Hospital de Especialidades (incluye Oncología) en la localidad de Gómez Palacio”, reportó la ASF mediante el registro de auditoría 820-DS-GF, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2015; dada a conocer en diciembre de 2016.
Acceso web al documento | Auditoría 820-DS-GF| Documento
Posteriormente, el contrato de obra pública se identificó mediante el registro SECOPE-CNPSS-ED-153-15. Éste fue adjudicado vía licitación pública nacional a Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. (PRODEMEX). El procedimiento quedó formalmente asentado el 28 de agosto de 2015; pactando un monto por 511 millones 786 mil 100 pesos y un plazo de 375 días naturales, comprendido del 23 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2016.
Imagen: PRODEMEX | Página WebDe acuerdo con la investigación de la ASF, entre agosto y diciembre de 2015 se ejercieron 47 millones 089 mil 300 pesos. No obstante, debido al desfase en los tiempos de ejecución que implicó sobrepasar el plazo establecido, el CTF emitió un segundo acuerdo el 17 de junio de 2016, a fin de asegurar el flujo de recursos hacia la etapa final del proyecto con la autorización de 399 millones 985 mil 200 pesos más IVA. El monto debía dividirse en dos partes: una línea financiera por 107 millones 125 mil 400 pesos para obra y 292 millones 859 mil 800 pesos para adquisición de equipos.
De acuerdo con la primera revisión del contrato, la ASF constató
“que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), realizó una deficiente evaluación de la propuesta ganadora”.
Como parte de su fundamentación, la Auditoría detalla que el documento denominado Planeación integral y procedimiento constructivo que la empresa entregó en la propuesta técnica
“no corresponde al proyecto objeto de la licitación”.
En este sentido, la hoja 1 relativa al rubro de Actividades preliminares de construcción, refiere al Ayuntamiento de Chetumal (Quintana Roo); no al gobierno municipal de Gómez Palacio.
Asimismo, dentro del apartado Cimentación, se mencionan obras cuyas especificaciones de construcción aluden al estado de Chiapas. Dentro de la sección Estructura de acero A-36 y A-50, se indica "un proceso de suministro, habilitado, armado de dovelas (estructuras en forma de arco) en taller, sin embargo el proyecto en revisión no considera dovelas”. Por otra parte:
“La relación de maquinaria y equipo de construcción que presentó el licitante no coincide en número con la indicada en la carta de compromiso anexa de la empresa arrendadora”, dice a la letra el dictamen.
Aunado a esta serie de inconsistencias, la empresa ganadora anexó a su propuesta bases de licitación cuyo escrito no contiene las páginas pares, es decir, entregó una relación documental incompleta. Con esta ruta de investigación que implicó el hallazgo de prominentes deficiencias en el proceso de licitación, la Auditoría Superior concluyó que:
Cualquiera de éstas era causa suficiente para desechar la propuesta de PRODEMEX, “sin embargo, fue la empresa ganadora”. Ello, no obstante haber presentado la oferta de construcción más cara de tres compañías participantes. En este caso, la Secope dejó fuera de la licitación el ofrecimiento más económico, cuya diferencia de costo respecto a PRODEMEX era por 45.8 millones de pesos menos. Hubo también una opción intermedia, la cual habría significado disminuir costos por 17.8 millones de pesos.
Elaboración propia
Otro aspecto relevante en la conclusión del dictamen tiene que ver con la discrecionalidad, la falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas. En ese sentido, la Auditoría Superior señala que el Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaría de Salud y los servicios de Salud en la entidad:
"No incluyó en la cuenta pública del año 2015 información relativa a la aplicación de recursos recibidos para el proyecto".
Tampoco elaboró ni envió los informes sobre el ejercicio del gasto público. En medio de esa inercia, la autoridad estatal no hizo pública la información sobre la inversión en su página de Internet ni en otros medios de acceso para la ciudadanía.
Imagen: contextodedurango.com.mx
Durante ese primer curso de la obra civil también se consignaron anomalías en la gestión y obtención de dictámenes, permisos y licencias; derechos de bancos de materiales, así como
"derechos de propiedad de los inmuebles donde se ejecutarían los trabajos".
De igual forma, se detectaron pagos por 75 mil pesos para cubrir los servicios de un Director Responsable de Obra. Sin embargo, la Secope no pudo comprobar documentalmente la existencia de personal encargado para realizar dichas funciones.
Resumen de las observaciones hechas por la ASF al Gobierno del Estado de Durango
Así, en suma, la ASF emitió 10 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por el Gobierno del Estado de Durango antes de la integración del informe. Dentro del grupo restante, la investigación derivó en 6 recomendaciones; un conjunto de 4 solicitudes de aclaración y 2 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Estos dos casos en particular fueron referidos por la autorización del contrato y omitir información pública sobre la aplicación de los recursos.
Al 31 de diciembre de 2015 se habían suministrado 47 millones 089 mil 300 pesos a la obra civil, con un saldo pendiente de erogar y estimar de 464 millones 696 mil 800 pesos. Al momento de realizar la auditoría (septiembre de 2016) la obra se encontraba en proceso de ejecución.
Inconsistencias detectadas en conceptos como compra y sobreprecio de materiales; falta del pago de anticipo a la constructora y pagos sin comprobar para un responsable de obra inexistente implicaron para la ASF estimar una recuperación de recursos por 355 mil 300 pesos. Cantidad en paralelo a un monto de 371 mil 100 pesos, cuyo destino permanecía sin aclarar en aquel momento. Este escenario inicial tan solo sería el principio. La peor parte de las irregularidades estaría aún por venir.
JCNava